Trás la primera Convención Unitaria de afectados filatélicos y la supuesta "receptividad" por parte del grupo parlamentario socialista para buscar una solución política(según algún dirigente de ADICAE),la actual Ministra de Sanidad vuelve con la misma cantinela"....las investigaciones judiciales sobre las actividades de Fórum Filatélico y Afinsa deben finalizar para poder determinar las "responsabilidades" por la presunta estafa cometida por ambas sociedades."..."Espero que entre todos consigamos encontrar las mejores soluciones para el problema originado por las actuaciones fraudulentas de estas entidades", concluye Trinidad Jiménez.
A esto, en lo que no le quitamos la razón a la señora ministra, deberíamos añadir que, si bien es cierto que el problema lo originan las actuaciones fraudulentas de las empresas, el problema se agrava, y el tiempo y los jueces lo pondrán de evidencia, por la negligencia estatal a la hora de legislar, supervisar y regular su actividad.
Esa inexistente supervisión nos dejó en su momento en tierra de nadie, terreno abonado para la estafa a gran escala, delante de las mismas narices de los organismos públicos, conscientes algunos de lo que ocurría, como es el caso de la CNMV al incluir a Fórum Filatélico en el apartado de chiringuitos financieros pero mirando luego para otro lado dejando que siguieran perpetrando la estafa mientras ellos no hacían nada para evitarlo.
Lo que no pudo hacerse en 25 años se hizo en meses y el resultado es evidente: con la nueva ley de bienes tangibles ha quedado todo prácticamente igual.
Entendemos que el Estado no ha tenido en ningún momento intención de asumir sus responsabilidades y ahora, la señora ministra se desentiende de momento del asunto al dejarlo en manos de los jueces, "ellos determinarán las responsabilidades". Efectivamente, será la justicia la que diga alto y claro como más de 450.000 familias fueron abandonadas a su suerte, siendo esta estafa algo conocido por todos, o de eso presumían ellos de ser tan listos como para saberlo, pero sin actuar en defensa de sus ciudadanos. La pregunta que nos hacemos los afectados es que ocurrirá cuando la justicia se pronuncie, si la justicia a la que ellos se remiten( evidentemente utilizándola para que el tiempo siga pasando, saben que esto va para largo), nos da la razón y condena al Estado al que ellos representan.¿ Qué ocurrirá entonces?. ¿Habrá dinero para restituir a los afectados o nos seguirán pidiendo tiempo para buscar soluciones?
Señora Jiménez, las mejores soluciones son las que uno está dispuesto a encontrar, trabajando en ellas, dedicándole tiempo y permítanos decirle que, hasta la fecha y desde el Gobierno del que usted forma parte no se ha intentado buscar ni la más mínima solución que alivie la situación en la que quedó el 1% de la población española. En ningún momento han intentado un acercamiento, ni siquiera nos han escuchado y mucho menos recibido. Así es difícil creerse que entre todos consigamos encontrar las mejores soluciones.
Si su visión sobre los afectados no cambia solo nos quedará esperar a que la justicia se pronuncie, los condene y les obligue a pagar.Entonces, solo una sentencia será la solución.
